La Nueva Razón

Revista política y cultural panhispánica

Opinión

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A raíz del referéndum ilegal sobre la independencia de Cataluña, los habitantes de la comunidad autónoma tendrán que arrostrar un futuro lleno de tensión e incertidumbre. Los acontecimientos de los últimos días, sobre todo la (falta de) actuación por parte del gobierno de Mariano Rajoy frente al desafío secenionista, sólo han agravado la situación, permitiendo que se produzca una crisis constitucional no vista en España desde el fallido golpe de estado de 1981. Sin embargo, la cuestión catalana no atañe únicamente al Estado español, sino, por razones históricas y geopolíticas, también está en el punto de mira de los gobernantes de la República francesa.

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A dos días de la celebración del referéndum sobre la independencia de Cataluña, todo indica que el plebiscito ilegal está condenado al fracaso. España cuenta con todos los recursos necesarios para defender su integridad territorial. Quizá la única incógnita es si el Gobierno central estará dispuesto a tomar las medidas necesarias para impedir la secesión. Hasta ahora, el poder ejecutivo español se ha limitado a delegar el manejo del conflicto político-constitucional en manos de los tribunales, como si se tratase de un simple conflicto administrativo. Su principal objetivo es intentar amainar la tensión, y su estrategia se basa en aguardar y postergar las decisiones críticas. El Gobierno tendrá sus razones, pero también se arriesga mucho por no querer arriesgarse.