La Nueva Razón

Revista política y cultural panhispánica

Protesta el 15 de mayo en el Monumento a Los Héroes, Bogotá. (Imagen: Luisa González CC BY-SA 4.0)

Colombia: la realidad en medio del presunto caos

No nos están matando, como lo publica la prensa internacional, los partidos de izquierda y quienes ganan con la caída del actual gobierno.

Colombia se encuentra inmersa en manifestaciones de inconformidad social y protesta desde el pasado 28 abril en algunas de las principales ciudades del país, las cuales han degenerado en nefastos disturbios y desmanes con un lamentable saldo de 42 personas muertas, incluidos dos agentes de policía, 849 policías heridos, 647 personas detenidas y la incautación de más de 378 armas de fuego y 72 artefactos explosivos, según lo indicó el ministro de Defensa en su cuenta de Twitter, además de destrucción total o parcial de bienes e infraestructura pública y privada, como edificaciones, estaciones y centros de atención de la policía, monumentos públicos de los fundadores españoles, buses y estaciones de sistemas masivos de transporte público, destrucción de sedes bancarias,  destrucción y saqueo de pequeños almacenes y supermercados populares y el bloqueo interior a través de barricadas en las calles  de Cali, la tercera ciudad en importancia del país, lo cual degeneró en enfrentamientos entre civiles por la defensa de sus vidas, libertades y  bienes

Se ha presentado desabastecimiento de alimentos e insumos médicos, incluidas las vacunas contra la COVID-19 en las regiones afectadas y otras partes del país que demandan bienes e insumos de Cali y su zona de influencia. 

Las ONGs y la prensa mundial han transmitido a la comunidad internacional la falsa alarma de que el gobierno colombiano es opresor y fascista.

Es de anotar que los eventos de enfrentamientos con la fuerza pública que busca contener los pequeños grupos violentos que surgen entre los manifestantes de las protestas inicialmente calmadas y pacíficas, y causan severo daño a la infraestructura y bienes públicos y privados no se presentan en todo el país, sino en zonas emblemáticas de ciudades como Bogotá, Cali, y otras ciudades capitales más pequeñas. Sin embargo, las ONGs de derechos humanos, la ONU y la prensa mundial -desconociendo de manera cándida o quizás premeditada la realidad del país- han transmitido a la comunidad internacional la falsa alarma de que el gobierno colombiano, a quien califican de opresor y en algunos casos de fascista,  está matando a los manifestantes y sobre todo a la juventud rebelde e inconforme que protesta legítimamente, lo cual no es cierto, a excepción de los casos mencionados, acaecidos en los frentes localizados y seleccionados de la batalla campal de manifestantes violentos contra todo lo que se atraviese y la fuerza pública antidisturbios.               

Revisando las posibles causas recientes que originan el presente estallido social localizado, podemos observar las siguientes: 

El gobierno del presidente Iván Duque, en un intento responsable desde la ortodoxia económica, pero ingenuo e inoportuno, presenta para la aprobación del Congreso de la República un desafortunado proyecto de ley de reforma tributaria denominada “Solidaridad Sostenible”, con la que pretendía recaudar más impuestos para mantener las subvenciones sociales y reducir el déficit fiscal, con efectos como la inflación y la recesión económica,  generado, entre otras razones, por los gastos imprevistos para la atención de la pandemia de la Covid-19, en medio de una situación económica social gravemente afectada por las cuarentenas y los continuos confinamientos, que aumentaron la desocupación en un 5%, e influyeron en un índice de desempleo del 14.2% a corte del primer trimestre del año, según fuentes oficiales. 

La reforma tributaria requería de un gran esfuerzo tributario de la clase baja emergente y la clase media, la cual soporta una carga impositiva desproporcionada con respecto a sus ingresos.

Muchos jóvenes indignados desconocen la violenta historia reciente del país en que las guerrillas dominaban las zonas rurales y encerraron a la sociedad en las ciudades sumidas en la pobreza.

A lo anterior se suma la ancestral pobreza generalizada y la inequidad histórica acumulada de más de 200 años de vida republicana, poca credibilidad en las instituciones públicas, como las altas cortes judiciales, el Congreso de la República, la Policía Nacional, el gobierno nacional y el sindicato de profesores de la educación pública con tendencia política hacia la izquierda moderada, poca solidaridad de los más ricos y los sectores productivos hacia los más pobres, descontento generalizado por los altos niveles de corrupción de los últimos gobiernos, jóvenes indignados que desconocen la violenta historia reciente del país en que las guerrillas dominaban las zonas rurales y encerraron a la sociedad en las ciudades, pero sumidas en la pobreza y sin oportunidades.

También se considera dentro de las causas de la desestabilización social actual un reciente proceso de paz con el grupo narco-guerrillero Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP) por parte del gobierno del anterior presidente Juan Manuel Santos,  que no satisfizo las expectativas de justicia y reparación de la mayoría de los colombianos frente a los actos terroristas y crímenes de lesa humanidad cometidos por el grupo guerrillero durante más de 50 años, y que desconoció el resultado negativo de un plebiscito que no refrendó los acuerdos pactados.

La policía colombiana fue altamente militarizada para enfrentar al narcotráfico y las bandas criminales.

Curiosamente, la prensa amarillista de tendencia ideológica de izquierda hace un fuerte énfasis noticioso en los abusos de la reacción acalorada de la fuerza pública en su afán de contener la violencia de algunos ciudadanos, desconociendo que la policía colombiana fue altamente militarizada para enfrentar al narcotráfico y las bandas criminales con fuerte presencia en algunas zonas del país. A esto se suma un Estado débil que no logra tener completa presencia institucional en todo el territorio nacional, en cuanto a inversión social de impacto y protección de los ciudadanos, un modelo de Estado centralista que da prioridad a la capital del país y las grandes ciudades, y atiende de segunda mano a las provincias, la innegable influencia en la economía de los dineros del narcotráfico, desestimada por los analistas económicos y el gobierno pero presente en la cotidianidad nacional, las prácticas clientelistas presentes en el proselitismo político de elecciones a cargos públicos, que producen resultados electorales que después causan desagrado por no representar los intereses de las clases menos favorecidas.

Fue esencial la guerra cultural y mediática emprendida por los movimientos de izquierda, infiltrándose en la rama judicial, la prensa y los sindicatos, en especial el de los maestros de instituciones públicas.

Para llegar al actual estado de cosas, fue esencial la guerra cultural y mediática emprendida hace más de 60 años por los movimientos y partidos de izquierda que nunca han llevado un presidente propio al poder en Colombia, infiltrándose en la rama judicial, la prensa y los sindicatos, en especial el de los maestros de instituciones públicas, auspiciados por el  Foro de São Paulo y  el recientemente constituido Grupo de Puebla, frente a unas facciones de derecha ideológica paquidérmica y cada día con mayores ansias de mantener el poder económico y político, al costo de olvidar la realidad de la marginalidad y la exclusión a la que son sometidos muchos colombianos por cuenta de la pobreza extrema y la falta de oportunidades para sacar adelante sus familias y sus proyectos de vida.

En los países latinoamericanos, incluida Colombia, persiste la fuerte figura del caudillismo, por lo que se respira un ambiente tenso o polarizado con dos cabezas muy bien identificadas y reconocidas como lo son el expresidente Álvaro Uribe, representante de la derecha y quien dirige los hilos del partido de gobierno  y el senador opositor de izquierda, muy vinculado con los inicios del chavismo en Venezuela, Gustavo Petro.

Se presentan en el escenario fuerzas oscuras, posiblemente de izquierda radical nacional o de países vecinos, narcoguerrillas, bandas criminales (bacrim), o simples narcotraficantes, todos en contra de la fumigación con el herbicida glifosato en las más de 200 mil hectáreas sembradas de coca que tiene el país, incrementadas durante las negociaciones del acuerdo de paz con las FARC, promesas sociales incumplidas por parte de gobiernos anteriores y falta de gobernabilidad del actual gobierno.

Colombia ha enfrentado en los últimos años la mayor crisis migratoria y humanitaria de América del Sur en toda su historia, por el éxodo de 2 millones de venezolanos.

Aunado a lo expuesto, el Estado colombiano ha enfrentado en los últimos años la mayor crisis migratoria y humanitaria de América del Sur en toda su historia, por el éxodo de alrededor de 2 millones de venezolanos huyendo de la miseria, fruto del colapso del régimen “progresista” dictatorial del extinto Hugo Chávez, liderado hoy por Nicolás Maduro, bajo la influencia ideológica y estratégica de la Cuba comunista.      

Se han registrado tristes escenas de enfrentamientos violentos entre civiles que defienden su derecho a la libre movilidad y al trabajo, contra otros civiles infiltrados en las marchas y manifestantes violentos del paro que arman barricadas callejeras al estilo del conflicto étnico de Ruanda o la guerra en Kosovo de los años 90, para forzar la paralización total, en especial en la ciudad de Cali, tercera ciudad del país, enclave de una importante agroindustria y una fuerte actividad comercial, localizada en el suroccidente, cerca del importante puerto de Buenaventura, con un porcentaje de pobreza monetaria del 36.3%, una tasa de desempleo del 15.9% y que en otros tiempos fue sede del famoso Cartel de Cali. 

Cali es la capital  del departamento del Valle del Cauca, el cual limita con los departamentos de Cauca y Nariño, territorios donde los cultivos de coca son protegidos por comunidades étnicas y las bacrim (bandas criminales), aún bajo fuerte influencia de la  guerrilla en disidencia. El alcalde actual de Cali, Jorge Iván Ospina, por el Partido Verde y de tendencia de izquierdista, ha sido condescendiente con las marchas y poco eficaz para contener los desmanes presentados y el sometimiento forzado al que obligan los violentos a la población civil inerme de la ciudad.    

Colombia es un país de mucha diversidad geográfica y cultural, constituido en la práctica por regiones habitadas por grupos de personas con idiosincrasias diferentes y muy bien caracterizadas. Adolece de políticas públicas que aborden los problemas originados por necesidades y demandas sociales y sus consecuentes soluciones desde la perspectiva diferencial y sociocultural territorial, lo que ha aumentado la brecha de la inequidad.

Las condiciones sociales de Colombia, que comparte muchos elementos con otros países de Latinoamérica, provee el perfecto caldo de cultivo para encender la rabia, la indignación ciudadana y la violencia de los sectores sociales minoritarios que se sienten excluidos de las dinámicas del desarrollo y el crecimiento económico. 

El diálogo con los sectores que promueven el paro resulta difuso y complejo debido a que no existen cabezas con línea de mando bien definidas para la negociación.

El gobierno en un gesto de concertación democrática, o de autoreconocimiento de su error de cálculo político al presentar su reforma tributaria, la retira, entrega como chivo expiatorio al ministro de Hacienda que la propuso y, con la apuesta de desarticular las manifestaciones de inconformidad ciudadana, abre formalmente el diálogo con los sectores que promueven el paro, el cual resulta difuso y complejo debido a que no existen cabezas con línea de mando bien definidas para la negociación, y las demandas se convierten en una larga lista de exigencias imposibles de cumplir en la práctica, si el gobierno no aumenta los impuestos

Es un círculo vicioso que solo se puede romper haciendo falsas promesas, que no se cumplirían en el último año de un gobierno con el sol a cuestas, con muy baja popularidad por sus posturas demasiado academicistas, técnicas y blandas, y procesos administrativos y gerenciales liderados por un gabinete dominado por funcionarios con muchos pergaminos académicos pero inexpertos en el ejercicio del gobierno. 

El comité del paro realiza demandas como la prohibición del Glifosato, un herbicida para fumigar cultivos de coca que abundan en los campos de territorios dominados por grupos guerrilleros como el Ejército de Liberación Nacional (ELN), reductos de las FARC liderados por dos antiguos negociadores del proceso de paz que se desarrolló en La Habana, las bacrim y simultáneamente en algunos casos con comunidades indígenas sujetas a una legislación extremadamente garantista de sus usos y costumbres, que continuamente choca con la Constitución política y les da un carácter de ciudadanos especiales para evitar que sean discriminados, muy a pesar de muchos otros ciudadanos que los ven como oportunistas detrás de su condición étnica.   

Al retirar el gobierno colombiano la reforma tributaria, y continuar el paro sin la justificación inicial y las consecuentes marchas pacíficas con oleadas sectorizadas de disturbios y destrucción selectiva, que además de los bienes estatales afecta también bienes privados, el derecho al trabajo y la movilidad en el peor momento de la pandemia en Colombia, el paro pierde apoyo popular y sólo continúan marchando los sindicatos, los indígenas del Suroccidente del país, y grupos indeterminados de indignados urbanos de corte progresista con los cuales se dificulta el diálogo ordenado, en  el propósito de llegar a conclusiones y compromisos frente a las ilimitadas demandas sociales propuestas.  

Se conoce la infiltración de agitadores profesionales, algunos con vínculos con Chile y otros con Venezuela y Cuba.

Por otro lado, se conocen versiones oficiales de infiltración de agitadores profesionales, algunos con vínculos con Chile y otros con Venezuela y Cuba. En este punto, la sociedad que considera resuelta su preocupación inicial con el retiro de una reforma que afectaba su bolsillo, hoy tolera las marchas y manifestaciones pacíficas de ciudadanos serios y sujetos a la ley y el orden, pero exige al gobierno mano dura en la reacción frente a los paros impuestos, los bloqueos ilegales de vías urbanas y carreteras nacionales, y que promueven la estigmatización de quienes tienen privilegios obtenidos por su trabajo libre y esforzado o han heredado riquezas legítimas. Algunos líderes de izquierda, con asiento en el parlamento, lanzan más leña al fuego atizando la lucha de clases, y haciendo ver como malos a los ricos y buenos a los que se rebelan contra el Estado de derecho.

Ante la oposición de las mayorías ciudadanas a que continúe el paro en el país, el senador Gustavo Petro -importante líder del desaparecido grupo guerrillero 19 de Abril (M-19) indultado en el año 1990, opositor al gobierno y promotor del paro en sus inicios a través de su cuenta de Twitter,- algo tarde ha pretendido desmarcarse de tener alguna responsabilidad, quizás por el actual hastío ciudadano y los resultados de las recientes encuestas de opinión que lo dan como ganador en la intención de voto para presidencia en las elecciones que han de realizarse en el año 2021.

El país político está convulsionado, llámese así al que contiene al gobierno, la oposición, los dirigentes, los partidos políticos, las centrales obreras, los manifestantes de las marchas y el paro, y todos los que se mueven alrededor del estado y el poder,  pero el país nacional, el de los trabajadores, los empresarios, los gremios de la producción, ciudadanos comunes y corrientes que demandan y ofrecen servicios, sigue moviendo el aparato productivo, tratando de salir de la grave crisis económica generada por la pandemia, y procurando superar la tristeza y el dolor de tantas muertes. 

El país no está en llamas, no ha sido dominado por la anarquía, no es un Estado fallido ni está en caos, aun a pesar de que es la percepción que pretenden generar las fuerzas ocultas que producen los actos violentos contra el establecimiento.  

El Estado no ha perdido el rumbo, no se ha desestabilizado, ni ha cedido en su responsabilidad de mantener el imperio de la ley, lo cual en especial desespera a quienes propugnan por la extinción de los grupos antidisturbios de la Policía Nacional, tal como lo propone el senador de izquierda Iván Cepeda.

A excepción de los que viven en la criminalidad y fuera de la legalidad, todos estamos sujetos a la autoridad del Estado ejercida a través del gobierno. No nos están matando, como lo publica la prensa internacional, los partidos de izquierda y quienes ganan con la caída del actual gobierno. Se ha pretendido dar un golpe de Estado mediático a la estabilidad del país, muy bien planificado y financiado por fuerzas que aún no dan la cara, pero tales intenciones han sido desveladas por el ímpetu mismo de los acontecimientos. 

Colombia es un país de tradición republicana, con apego y respeto a sus instituciones, aunque en estos momentos algunas de ellas no gocen del prestigio de antaño.

La historia ha mostrado que en Colombia se presentan ciclos de descontento social, que demandan grandeza y sabiduría de parte de los gobernantes, para escuchar y negociar acuerdos que conduzcan a la convivencia armónica, que impulse los procesos de desarrollo del país y facilite oportunidades de crecimiento personal integral y económico a los ciudadanos de los sectores menos favorecidos. Se requiere voluntad política, concertación nacional con énfasis en lo regional, recursos para inversión social y un liderazgo sólido y creíble que visione un futuro que sepa articular los anhelos de la diversidad cultural nacional, con un criterio de justicia y equidad, donde el trato sea diferente según las necesidades y características propias de cada grupo poblacional, acorde con las potencialidades territoriales, las vocaciones productivas y las condiciones geográficas de cada sector. 

Colombia es un país en construcción, el cual a pesar de sus intensos y violentos conflictos sociales internos, persevera en la búsqueda del entendimiento y la armonía social a la luz de los principios del respeto a la autoridad, la libertad, el orden y la justicia. Los que intentan devastar la percepción favorable del país para pescar en río revuelto presentándose después como redentores, no prevalecerán, porque en Colombia sobra la esperanza.