La Nueva Razón

Revista política y cultural panhispánica

Cómo pecar un 1% menos y ganar un 5% más en el progrecapitalismo

Los gobiernos liderados por el PSOE (y también alguno del PP) tienen un historial bastante pobre con la regulación del sector eléctrico.

Los factores ambientales, sociales, y de gobierno corporativo (ASG en español, ESG en inglés) poco a poco se están haciendo dominantes en los mercados financieros. Cada vez más gestores de fondos exigen la aplicación de estos principios para poder invertir en las empresas, así que las empresas se están gastando mucho dinerito en convencer a mucha gente de que se portan bien; en concreto, quieren convencer a:

  1. Los gestores de fondos
  2. El público en general
  3. Las empresas que se dedican a dar certificados de que uno se ajusta a los principios ASG

El tema está muy bien explicado aquí, por ejemplo, y no hace faltar insistir más. Todo esto es parte del ya comentado giro del capitalismo neoliberal hasta lo que podríamos llamar “progrecapitalismo”. Sin embargo, hay un elemento muy importante, y poco conocido, de todo este entramado: que los fondos ASG que buscan empresas virtuosas no son para nada absolutistas; de hecho, lo que hacen es invertir como cualquier fondo, pero eligiendo de preferencia a las empresas con certificados ASG.

Imaginemos que hay dos petroleras en España, y llamémoslas Cepsa y Repsol, por ejemplo. Por imaginar.

Imaginemos que – y seguimos en la pura imaginación – Repsol ha logrado un certificado ASG, que publicita en redes sociales, y envía a su CEO a una conferencia de temas ASG para dar discursos sobre lo importante que es salvar el medio ambiente; imaginemos que, de hecho, Repsol se esfuerza, con algún gasto extra, en ser un 1% menos contaminante de lo que era antes.

Ahora vayamos al caso de Cepsa. Igual que en el de Repsol, no tengo ni idea de que lo hacen en cuanto a factores ASG, pero supongamos que no hacen nada. Se ahorran esos costes de pagar por certificados, ir de viaje a conferencias, etc. Sus operaciones son un 1% más rentables.

Si yo soy el gestor de un fondo ASG, y yo veo que el sector petrolero está infravalorado, y le veo recorrido en bolsa, y quiero beneficiarme de ello, yo no voy a mis inversores y les digo: oh, queridos inversores, no nos vamos a beneficiar de la subida de los precios del sector petrolero, porque invertir en él no es nada virtuoso y estamos contribuyendo al cambio climático. No, lo que yo hago es invertir en Repsol, que es la empresa menos mala. Y lo sé porque tiene un certificado ASG.

Las conspiraciones tienen su gracia, y algunas son verdad: algunas conspiraciones existen, aunque les garantizo que, por ejemplo, la tierra no es plana. De hecho, les juro que he visto la curvatura de la Tierra, volando en avión. Pero las conspiraciones no lo explican todo, y aquí no hay ninguna conspiración.

Tengo una anécdota al respecto, que es muy ilustrativa de lo que está pasando aquí. Se refiere a las tiendas halal, las que venden productos alimenticios que pueden comprar los musulmanes. Si uno va a Singapur, donde apenas un 15% de la población es musulmana, enseguida se da cuenta de que TODAS las tiendas tienen certificados halal en la puerta, que indican a los musulmanes que allí pueden comprar los yogures, chocolatinas, coca-colas, etc.

Estos certificados tienen un coste. No es un coste enorme, pero es un coste que hay que pagar a unos mulás que están autorizados por el gobierno singapureño para emitir los certificados, aparte del costes extra en, por ejemplo, comprar productos halal certificados en lugar de alternativas algo más baratas.

Entonces ¿por qué todo el mundo se gasta el dinero en pagar por los certificados, si hay tan pocos musulmanes? Porque compensa. Siempre que el coste del certificado sea moderado, te compensa pagar, poner el certificado, y tener un poco más de ventas. Es todo una cuestión de puro y frío cálculo.

Y hay que tener en cuenta que llevar la contraria, en el mundo del marketing, no funciona: imaginemos que Cepsa no tiene certificado halal: no captura el negocio que exige certificados y no entra en los fondos, a cambio de tener algo menos de costes, lo que probablemente en el puro cálculo económico no le funciona. Entonces surge la tentación, y algún directivo piensa: ¿deberíamos hacer campaña para que el público vea que NO tenemos certificados y la gente anti-halal nos compre a nosotros?

Nadie hace esto, porque al final el público hace poco caso a las campañas publicitarias y estas campañas influyen bien poco en sus decisiones de compra. Ser mártir no es rentable. Oponiéndote a la opinión general, lo único que vas a conseguir es publicidad negativa, de todo el lobby pro-certificados, que se te va a echar al cuello. Al final, hay lo que entre economistas se llama “captura de rentas”: los mulás y los certificadores se van a casa a contar su dinerito, los fieles van al cielo, la Tierra se salva, y todo el mundo contento.

El gobierno, las eléctricas y el coste de luz

Hay mucha confusión sobre los planes del gobierno para el sector eléctrico. Desde la bancada derecha, se teme el efecto de las medidas porque éste es un gobierno que no ha demostrado tener buena mano con la legislación; desde la izquierda, se apoya al gobierno porque el tema es técnicamente complicado y la derecha está en contra, así que algo bueno tendrá su idea.

La realidad es, como ocurre mucho, compleja. En este informe de Bankinter se evalúa el impacto sobre el sector con mesura. En primer lugar, hasta ahora a las eléctricas no les ha ocurrido nada en realidad, sino que el estruje es para el consumidor: el 1 de Junio entró en vigor el nuevo sistema de costes variables por tramo horario y lo que han hecho ha sido subir sus precios a lo bestia, en plan cartel, para empezar.

Visto esto, no es de extrañar que las acciones de las eléctricas hayan bajado poco o nada; ahora empieza la discusión sobre posibles cambios normativos para recortar la retribución de energías hidráulicas y nucleares, contemplada en el anteproyecto de ley propuesto por el Ministerio de Transición Ecológica. Sigue Bankinter:

Una de las medidas que contempla es poner coto a la sobrerretribución (conocida como “beneficios caídos del cielo”) que reciben las nucleares y las hidráulicas. La mecánica de fijación de precios en el sistema eléctrico sigue un esquema marginalista. Esto significa que el precio lo marca la última tecnología en entrar en el sistema para cubrir la demanda eléctrica. En los últimos meses, han entrado al sistema los ciclos combinados, que queman gas para producir electricidad, justo cuando el precio del gas y de los derechos de emisión de CO2 están disparados, con el consiguiente sobrecoste para el sistema y, por lo tanto, para el consumidor final.

Las nucleares e hidráulicas, que producen electricidad con un coste bajo, reciben el precio más alto que marca el sistema. Esta sobrerretribución es lo que se conoce como “beneficios caídos del cielo”. Las medidas propuestas por el Gobierno afectarían también a las plantas no emisoras de dióxido de carbono construidas antes de 2005, lo que podría incluir algunos parques eólicos. No está claro que esta medida alcance el apoyo político suficiente para ser aprobada, ya que el Gobierno no tiene una mayoría suficiente en el Congreso. Además de los posibles obstáculos parlamentarios, estas medidas también se podrían enfrentar a posibles demandas de las compañías eléctricas en los tribunales. La nueva ley no estaría lista hasta principios de 2022.

En este artículo de El Economista se profundiza sobre las motivaciones del gobierno, que lógicamente espera que la medida (eventualmente) abarate el recibo de la luz en vez de encarecerlo; veremos si lo consiguen. Asumir que el gobierno – por mucho que uno lo odie – lo que quiere es subir el precio de la electricidad a los pobres para luego irse riendo al banco es un poco simple. Aunque podría recortar la fiscalidad de la electricidad (gráfico cortesía de @Absolutexe):

Otra cosa es que el gobierno tenga éxito. Los gobiernos liderados por el PSOE (y también alguno del PP) tienen un historial bastante pobre con la regulación del sector eléctrico, que siempre ha sido una patata muy caliente y muy politizada, y ha llevado a aumentos de precios mayores de los que se podrían haber tenido, con más tino regulatorio.

También hay que tener en cuenta que los meses que quedan van a ser de intensa presión del lobby eléctrico (con muchos ex políticos en los consejos de administración) así que la legislación aún puede cambiar mucho. Especialmente si otros sectores, como las PYMEs, se unen al coro anti-legislación. Aquí, por ejemplo, El Economista se fija particularmente en las quejas de las PYMEs.

El coste de los comentarios de Elon Musk

Una de las curiosidades de la contabilidad financiera es que, bajo la normativa GAAP utilizada en los EEUU, las compañías no pueden apuntarse ganancias contables por el aumento del valor de sus activos financieros, a menos que los vendan y consigan dinero contante y sonante a cambio: lo que hizo Tesla en el primer trimestre, cuando se apuntó una jugosa ganancia extraordinaria por la venta de Bitcoin que evitó los números rojos.

Esto hay que tenerlo muy en cuenta, porque la normativa GAAP obliga a que las empresas SÍ se apunten pérdidas, cuando baja el valor de sus activos financieros. Según las estimaciones de la revista Fortune, el aún enorme montón de Bitcoin que conserva Tesla (casi 40.000) fue adquirido a un precio medio de US$34.700 por cada Bitcoin. Si el precio de Bitcoin al cierre del trimestre es inferior, la compañía tendrá que apuntarse pérdidas, potencialmente millonarias. Igual eso nos da una impresión de hasta dónde puede bajar el precio, hasta que los comentarios de Elon Musk en Twitter sean pro-Bitcoin en lugar de anti-Bitcoin.

(David Román es excorresponsal en Madrid del Wall Street Journal, y autor del libro “Podemos en Venezuela: cómo se financió la infiltración chavista en España”, publicado este año por la editorial Homo Legens. Su columna Finanzas Políticas, sobre la interacción entre sus dos mayores pasiones, se publica de forma semanal, y también se puede recibir en forma de newsletter aquí.)