La Nueva Razón

Revista política y cultural panhispánica

Facebook, enemigo de la humanidad


Mi admirado Matt Levine de Bloomberg News observa que el último subidón de las acciones de Facebook llegó después de que un juez federal estadounidense rechazara dos demandas por competencia desleal contra la empresa, alegando que sólo puede haber una situación monopolística si una empresa controla los precios en un mercado y, como el producto que ofrece Facebook es gratis… Ésta es la opinión escrita del juez (las traducciones son mías):

El poder de monopolio es «el poder de controlar los precios o excluir la competencia», de modo que una empresa es un monopolista «si puede aumentar los precios de manera rentable sustancialmente por encima del nivel competitivo». Cuando un demandante puede proporcionar una prueba directa de que una «empresa de hecho lo ha hecho de manera rentable, la existencia del poder de monopolio es clara». Sin embargo, debido a que dicha prueba es poco común, los demandantes y los tribunales suelen buscar pruebas indirectas o «circunstanciales» del poder monopolístico infiriéndolas de «la posesión de una empresa de una participación dominante de un mercado relevante». Debido a que «el poder [de mercado] es significativo sólo si es duradero», un demandante que proceda mediante el método indirecto de proporcionar un mercado relevante y una participación del mismo también debe demostrar que existen «barreras de entrada» a ese mercado.

Aquí, hay dos cosas muy importantes:

  1. Como todos sabemos desde hace dos décadas, el producto no es un espacio para poner fotos de gatos o de tus hijos o de políticos: el producto es los datos de la gente, que a Facebook no le salen gratis (costes de mantenimiento de servidores, equipos, personal…) y que luego revende con gran beneficio a los anunciantes de publicidad.
  2. Ese argumento se le presentó al juez, pero al juez le dio igual, porque las leyes son las que son y no están adaptadas a la era digital.

Para cualquiera que tenga dos dedos de frente es obvio que Facebook es un monopolio o, estirándolo, parte de un oligopolio (Facebook no compite directamente con, digamos, Twitter o TikTok, pero hay solapamientos). Pero no se puede convencer a la gente de algo, si su sueldo depende de no entenderlo; y, si la legislación está a su favor, apaga y vámonos.

La ley estadounidense favorita de las grandes compañías tecnológicas, las Big Tech, es la Communications Decency Act (CDA) de 1996, sección 230, que da toda capacidad de censura al dueño de la plataforma: específicamente, esta sección ofrece inmunidad a Facebook, Twitter, etc para controlar los contenidos, censurar, expulsar, y hacer lo que quieran sin recurso legal, por ejemplo vía una demanda para defender tu derecho constitucional a libertad de expresión.

¿Por qué? En 1995, Chris Cox, congresista republicano y ex letrado principal de Donald Reagan, leyó que alguien había lanzado un caso de difamación contra un proveedor de servicios con anuncios online; el juez estimaba a que, al editar contenidos, el proveedor se convertía en editor; al ser editor, se te aplicaban las protecciones constitucionales a la libertad de expresión, etc. Cox estaba preocupado con que se perdía el incentivo a moderar contenidos porno (estamos hablando de Internet) y se alió con el congresista progresista de Oregón Ron Wyden para hacer una ley bipartidista.

Por eso la ley se llama CDA, con D de Decencia: el pobre Cox, inocente de él, pensó que luchaba contra el porno, pero lo que la sección 230 ofrece es una garantía de que los proveedores tengan potestades que no tienen los servicios públicos: por ejemplo, prohibir el uso a quien quieran, por el motivo que quieran. Los republicanos estadounidenses de los 90 deben haber sido la gente más manipulada de la historia de la humanidad.

Hace dos años, un amago de contrarreforma lanzada por Donald Trump (instigada por Bannon) se dirigía a forzar a los proveedores a actuar como servicios públicos (que me tienen que dar agua y luz, no me pueden prohibir) pero quedó en agua de borrajas, incluso mientras Trump siguió en la presidencia.

La segunda pata del dominio de las Big Tech es la definición del mercado. Cada vez que algún caso monopolístico llega a algún tribunal, la alegación es que su mercado es el universo, con lo que – se mire como se mire – controlan muy poquito. Por ejemplo, mucha gente ha ido contra Google alegando que controla más de la mitad del mercado de publicidad online, y Google se defiende explicando que, DE TODO EL MERCADO DE PUBLICIDAD DE TODO EL MUNDO, eso es muy poco.

Esperen a que se colonice Marte, y verán lo creativos que se ponen. Porque el 80% de los ingresos de Google, y el 98% de los de Facebook, provienen de la publicidad. Esto es literalmente vida o muerte para ellos, como la Comisión Europea está a punto de descubrir.

Esto es muy fácil de frenar. En EEUU, sin ir más lejos, tales argumentos eran habituales entre los monopolios del petróleo y las telecomunicaciones, hasta que se les obligó a escindir operaciones, por ley. Que Google venda Youtube. Que Facebook venda Instagram y Whatsapp. Verán cómo cambia el mundo, en todos los sentidos, y a mejor. ¿Puede esto ocurrir? Veremos. Que concluya el amigo Levine, que sabe más de derecho que yo:

La teoría es que las empresas tecnológicas dominantes que valen un trillón de dólares podrían ser malas incluso si no aumentan los precios para los consumidores, incluso aunque no puedan, porque las empresas gigantes pueden tener un poder social, político y económico que no es capturado por el estándar estadounidense. el enfoque de la ley antimonopolio en el bienestar del consumidor. Esta teoría a veces se denomina “antimonopolio inconformista” y su principal proponente es probablemente Lina Khan, la presidente de la Comisión Federal de Comercio (FTC). Creo que la FTC de Khan quiere «que la Corte simplemente asienta ante la impresión general de que Facebook es un monopolista»; creo que mucha gente, incluido Khan, piensa que la impresión general percibe algo importante y que si nuestra ley antimonopolio actual no está de acuerdo, entonces la ley está equivocada.

El milagroso milagro económico franquista

Me gustaría poder compartirles ortodoxia liberal con toda coherencia cada semana, como hacen ciertos comentaristas en la órbita del centro-derecho español, pero a veces resulta imposible. Las finanzas, y la economía en general, no se adaptan muy bien a reglas estrictas y mucho menos a leyes.

Muchos economistas con valiosas ideas y sugerencias sufren de una tremenda inflexibilidad y cierta arrogancia que les lleva a creer que lo que hacen es ciencia; pero no lo es, ni por lo más remoto. Lo siento, porque la economía y las finanzas son mi especialización, y me gustaría poder presumir de que son tan ciertas y tan exactas como la física cuántica. Pero no lo son.

Esto viene a cuento de este breve artículo de García Domínguez, un brillante comentarista que no es nada sospechoso de tendencias anti-demócratas (si acaso, lo contrario) o conocimientos extensos sobre la economía o política internacional (lo que no es pecado, si se acepta). García Domínguez sabe poco de Singapur, pero sabe mucho sobre la historia de España, y hace un retrato bastante certero de la economía franquista:   

Si bien, y contemplado desde una perspectiva actual, lo milagroso no fue tanto la inaudita velocidad de crucero que adoptó el crecimiento durante los años del desarrollismo franquista, con tasas acumuladas de incremento del PIB que solo la China actual ha sido capaz de emular, como el hecho, tan incómodo para los apologetas de la ortodoxia liberal contemporánea, de que tal proeza se logró gracias una políticas económicas que despreciaron todos y cada uno de los dogmas hoy indiscutibles de la economía de libre mercado.

Así, por mucho que cueste admitirlo, desde la honestidad intelectual procede conceder que el auge vivido por nuestro país entre 1960 y 1973, con promedios de crecimiento anual superiores al 7%, ni se había producido nunca antes, huelga decir, ni se volverá a producir nunca más. Y eso se hizo, como ya se ha apuntado ahí arriba, incurriendo el Gobierno en todos los pecados mortales que según los grandes sabios económicos de nuestra época conducen a los países a la pobreza y a la ruina sin remedio. Y es que aquella España de los años sesenta se caracterizaba por poseer la legislación laboral más rígida, reglamentista, intervencionista y corporativa que se pueda imaginar. Al punto de que un empresario que quisiese llevar a cabo un despido declarado improcedente se veía obligado a pagar los sueldos íntegros de cuatro años de trabajo en concepto de indemnización. ¡Cuatro años! Bien, pues había pleno empleo. Pero es que las barreras proteccionistas, fortificadas con todo tipo de aranceles contra el libre comercio, se mantuvieron durante el tiempo que duró el régimen. Añádase el sacrilegio de un Estado volcado en la promoción de multitud de grandes empresas públicas en todos los sectores estratégicos, desde Iberia hasta Seat, desde Endesa a Enagás, desde Telefónica a Tabacalera. Súmese un sistema bancario hiperregulado por el Estado en el que a la represión financiera cabía añadir la existencia de una fuerte banca pública, además de las cajas de ahorros. Por no hablar, en fin, del estricto control de cambios llevado a cabo por el Banco de España. O de la libre movilidad de capitales a través de las fronteras, hoy un axioma indiscutible, convertida en un delito tipificado en el Código Penal y castigado con la cárcel.

Con la mitad de esas restricciones institucionales a la iniciativa privada, a los estudiantes de Economía actuales se les enseña que un país se va necesariamente a la ruina. El problema para los devotos de los principios liberales es que España, y con todo eso, se fue no al guano sino a la Luna merced al crecimiento explosivo que experimentó desde la puesta en marcha del Plan de Estabilización en 1959. Con los máximos respetos al rabo el gatito Yoko, aquello sí que fue un milagro. Igual la España de la segunda mitad el franquismo cuando el siglo XX que la China, el Singapur o la casi totalidad del Sudeste Asiático ahora, en este primer tercio del siglo XXI, encarnan ejemplos paradigmáticos de que la Economía no remite a un saber que se circunscribe a cuatro principios abstractos y universales, sino que requiere de adaptaciones, y en extremo flexibles, de esos grandes principios a las muy variadas condiciones locales de los países donde tengan que ser aplicados. La Economía, como han demostrado desde los tecnócratas del Opus en España a los tecnócratas del Partido Comunista en China, no es una religión dogmática sino un arte que se ejecuta siguiendo normas muy distintas según el lugar y el tiempo donde se lleve a cabo.

Exagera sobre el impacto del Plan de Estabilización, un absoluto belllocino de oro de los economistas profesionales, pero en general lleva razón.

España, incluso el mundo, está lleno de gente que acusa a otros de franquistas cuando señalan las altas tasa de crecimiento económico y acumulación de riqueza durante el franquismo, y sus bajísimas tasas de criminalidad (y encarcelación), paro y suicidio. Esta gente debería reconsiderar: el franquismo tenía un grado de planeamiento económico y control estatal que no podría ni concebir en sus sueños más porreros el ministro medio de Unidas Podemos. La respuesta honesta cuando algún “cuñado” alaba al franquismo sería señalar precisamente esto, y cómo contradice los dogmas liberales propios de, digamos, el Partido Popular.

Pero, claro, esto exigiría un debate serio, propagar datos que se entienden tóxicos, nocivos y anti-democráticos y quizás, si uno es economista, admitir la astuta conclusión de García Domínguez: que la economía no es una religión y uno no es un gurú, sino un modesto practicante de algo que tiene demasiadas variables para ser resumido en pocas palabras y modelos económicos de andar por casa. Que la economía es, en fin, un puro reflejo de la sociedad, y no una serie de casillas a modificar para optimizar su rendimiento. Sí, ya sabemos que eso no va a ocurrir.   

Seamos amigos con China, dice el progrecapitalismo

El presidente estadounidense, Joe Biden, ha recibido una carta firmada por más de 40 (¡!!) grupos progresistas que piden un paso atrás en la confrontación con China y la retórica anti-Pekín. Todos estos grupos, generosamente financiados por y conectados con el progrecapitalismo, coinciden en que una confrontación perjudicaría los objetivos de cambio climático consensuados internacionalmente, al darle una excusa a Pekín para echarse atrás en sus moderados y vagos compromisos de reducción de emisiones. Llevan razón; y espero que triunfen pese a la agresiva respuesta del lobby antichino en Washington DC, porque un entendimiento es mucho mejor que un riesgo de conflicto global sólo porque algunos de mis vecinos en la capital imperial quieran demostrar lo grande que es su colita; y ya se venía venir.

(David Román es excorresponsal en Madrid del Wall Street Journal, y autor del libro “Podemos en Venezuela: cómo se financió la infiltración chavista en España”, publicado este año por la editorial Homo Legens. Su columna Finanzas Políticas, sobre la interacción entre sus dos mayores pasiones, se publica de forma semanal, y también se puede recibir en forma de newsletter aquí.)