La Nueva Razón

Revista política y cultural panhispánica

(Imagen: Cristiano Jesus CC BY-NC 2.0)

Los males de la patria VI: El desbarajuste administrativo


Causa tan grande del desbarajuste administrativo es la multiplicidad de reglamentos (…) es la multiplicidad de servicios, unos de dudosa utilidad, muchos de puro lujo, en su mayor parte excesivamente recargados de personal; y á la sombra de todos, un gasto de material  en alquileres de locales á precios escandalosos (…) Con la excusa de que la Nación lo paga, nada se escatima, en nada se repara (…) Hasta los ministros y diputados reconocen,  por fin, que muchos servicios teóricamente establecidos, con gruesas sumas en los presupuestos, para fomentar los elementos de producción, se reducen en la práctica á pretextos para repartir credenciales entre vagos”.

En los últimos años, hay voces que piden una redefinición del Estado de las autonomías: las menos reclaman una estructura aún más centrífuga que reduzca a España a un modelo federal cuando no confederal en el que el gobierno central tenga un papel mínimo. Otras voces, en cambio, propugnan una recentralización del Estado que anule la duplicidad cuando no la crítica colisión entre procedimientos y normativas autonómicas. Como en el panorama ideológico nacional actual, entonces, en el último tercio del siglo XIX, en la época de Lucas Mallada, era el republicanismo federalista y era el liberalismo más radical los que abogaban por una profunda reforma territorial que reajustara las instituciones y su gobierno en una u otra dirección.

Pero al contrario de lo que podría reivindicar la izquierda, los regeneracionistas pensaban en que una España vertebrada en territorios, que tuvieran una cierta capacidad de autogestión, podría ser el remedio a la ineficaz gestión del Estado, en la forma que pensadores como Lucas Mallada hacían hincapié en una Administración adelgazada en donde los gobiernos ni frenaran la iniciativa privada ni impusieran una legislación excesivamente regulatoria o “socialismo de Estado”, tal y como muchos Estados estaban impulsando en esa época ante la presión sindical. 

Ese Estado vertebrado, reorganizado también en su administración central, no tendría que desembocar en una constelación de regiones que reprodujeran la multiplicidad de servicios que provocaban lo que Mallada llamó desbarajuste administrativo. Proponía que los cambios se ejecutaran con cabeza y orden. Porque la queja de nuestro regeneracionista, allá en 1890, era sobre la abundancia de “chiringuitos” que contribuían al despilfarro del erario público, denunciado en otros capítulos de su libro, y que servía en muchas ocasiones para tener situados a clientes políticos ineptos. Tal es así, que decía Lucas Mallada que proliferaban tantas instituciones y servicios que hasta los propios gobernantes llegaban a desconocer su cantidad y composición. ¡No podemos imaginar qué pensaría Lucas Mallada ante la multitud de oficinas ad hoc, institutos y fundaciones de las actuales autonomías! Además, el problema añadido de una Administración tan elefantiásica no era sólo ése, sino la truculenta red legislativa y normativa que provocaba tal confusión entre los españoles como si hubiera leyes distintas para cada territorio descrito como “una mal pergeñada é indigesta relación de disposiciones oficiales que es un pálido reflejo del desconcierto administrativo en que vivimos” que ralentizaba absolutamente todo.

El problema no sólo estribaba en la estructura administrativa sino en sus propios funcionarios y directivos –otro punto interesante sobre el que pivota el desbarajuste administrativo denunciado- que se nutrían de toda una legión de “seres que (…) tienen que mendigar un puesto oficial, fiar de la intriga y de la adulación, más que de sus propios y dudosos merecimientos (…) y van en tropel tras la sopa boba del presupuesto” en una crítica a la clase de funcionarios de cuello blanco portantes de títulos académicos “bondadosamente concedidos en mayor número que las necesidades del país”. Dado que España no era capaz de sostener unos sectores primario y secundario potentes, la mayoría apetecía de ser funcionario, cuya profesión estaba mal pagada y sujeta a los caprichos de unos gobernantes y unos directivos, deudores de los políticos.

El pesimismo de Lucas Mallada ante la necesidad de acometer cambios radicaba en que no existía ni en los partidos del sistema ni los antisistema fuerza ni moral para mejorar control del gasto, porque la masa funcionarial impediría cualquier iniciativa. Es decir, el sistema se hallaba preso de sus beneficiados, ya fueran los propios funcionarios o los jóvenes directivos que empezaban sus corruptas carreras políticas, como por ejemplo –sin citarlo- el conde de Romanones. De seguir así, contaba Mallada, la Administración corría el riesgo de convertirse en un leviatán administrativo incontrolable e irreformable que se llevaría por delante el régimen. Como ejemplo, dedica páginas del capítulo a explicar cómo se formó la administración pública en época del reinado de Isabel II, y cómo su corrupción terminó provocando la crisis final de su reinado, sin que La Gloriosa, por cierto, lograra atajar las aberraciones económicas que soportaba.

Ante tal desbarajuste administrativo en donde reinaba “una perversión egoísta del sentido moral” y donde “las corporaciones oficiales pedían nuevos privilegios y demandaban mayor número de atribuciones”, no era de extrañar que el tejido institucional y administrativo español de entonces estuviera sumido en un gran descrédito a ojos de los ciudadanos de finales del siglo XIX. De esa forma caló en la sociedad un cierto desprecio y temor por la burocracia que ha pervivido hasta nuestros días. Las páginas que dedicó Lucas Mallada al estado de la Administración española y sus problemas pretendieron ser un aviso de sus problemas e inconvenientes que tardaron en ser remendadas o solucionadas con desigual éxito, tal y como hoy podemos seguir comprobando con alarma.