La Nueva Razón

Revista política y cultural panhispánica

Los presupuestos de fantasía del gobierno


La impresión de deja vu aumenta entre los economistas y observadores de la política económica del gobierno. En 2008 y 2009, con la economía mundial en un bache por la crisis financiera internacional, un gobierno del PSOE apoyado por el separatismo catalán de ERC (el de José Luis Rodríguez Zapatero) aprobó presupuestos expansionarios con previsiones de ingresos de pura fantasía, y ánimo de gastar el dinero que no tenía. El resultado fue, cómo decirlo finamente, no del todo excelente.

En 2021… Bueno, ya saben lo que iba a decir. Mejor, veamos este análisis de los presupuestos para 2022 que se han cerrado con esa gente cabal, moderada y razonable del chavismo español, el brazo político de ETA y los golpistas catalanes, escrito por Juan Francisco Jimeno y otro economista de Nada es Gratis:

Después de tres prórrogas de los de 2018, finalmente puede ser que haya nuevos Presupuestos Generales del Estado (PGE). Llegan, además, en una situación crítica y excepcional, con la oportunidad de diseñar la ejecución de los recursos extraordinarios (un primer tramo de 27.436 millones de euros) que la UE ha puesto a disposición de sus Estados miembros a través del fondo Next Generation EU (NGEU). Se trata, pues, de una oportunidad histórica para revertir la política presupuestaria de Gobiernos anteriores, supuestamente “más austeros”, y de poner las bases para el desarrollo de un “nuevo modelo productivo”, que no solo permita una recuperación rápida de la crisis de la Covid-19 sino también sitúe a la economía española en una senda de crecimiento elevado, estable y sostenido.

Lo que se ha presentado como proyecto de ley para su tramitación parlamentaria garantiza la política fiscal expansiva necesaria para hacer frente a la grave crisis económica a la que nos enfrentamos. Sin embargo, creemos que hay varios márgenes de mejora.

El proyecto de PGE para 2021 contempla unos gastos y unos ingresos no financieros de 416.496 y 320.230 millones de euros, respectivamente (la cifra de gastos incluye la ejecución plena del primer tramo del Fondo NGEU). Como resultado, en 2021 el déficit del Estado se situaría en el 7,7% del PIB (11,3% en 2020) y la ratio deuda pública/PIB en el 117,4% del PIB (118,8% en 2020).

Estas previsiones de gastos e ingresos se basan en un cuadro macroeconómico sometido a gran incertidumbre y, a la vista de la evolución reciente de la segunda ola de la pandemia, quizá excesivamente optimista.

En un país tan descentralizado como el nuestro, los PGE también tienen trascendencia sobre las finanzas autonómicas y locales… Lo que es más difícil de entender es que se extienda la lógica del Fondo Covid-19 creado en 2020 al año que viene. Este Fondo no fue precisamente un ejemplo de diseño (aquí) pues si bien su objetivo es loable (cubrir incrementos de gasto de las CCAA ante el embate de la pandemia), ni su cuantía (excesiva), ni su reparto (discutible) ni, sobre todo, su impacto en los incentivos de los receptores lo justifican sin matices. Sin embargo, el proyecto de PGE para 2021 prevé una dotación extraordinaria de 13.486 millones de euros para proporcionar más recursos a las CCAA. No se detallan sus criterios de reparto ni su naturaleza pero por experiencias anteriores no es descabellado pensar que retrasar en demasía a las CCAA el contacto con la cruda realidad puede tener costes a medio plazo.

Un último apunte novedoso del proyecto de PGE 2021 es la suspensión formal de la regla de oro del endeudamiento autonómico. A partir de la Ley Orgánica de Financiación de las CCAA de 1980 (LOFCA), existía la obligación de destinar los recursos del endeudamiento autonómico de largo plazo a la inversión pública. Desde principios de esta década, sin embargo, la realidad lo viene impidiendo y la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF) ha permitido hasta 2020 ignorar esta regla de oro, llevando el volumen de deuda autonómica por encima de los 300.000 millones de euros. Aunque el proyecto de PGE indica que es una medida excepcional, es posible que la tozuda realidad nos conduzca a un abandono definitivo de esta regla de oro.

El trámite parlamentario del proyecto de PGE acaba de comenzar y es posible que puedan incorporarse algunas mejoras. Sin embargo, dados los mimbres históricos (e histéricos) con los que se ha elaborado, no somos muy optimistas al respecto.

Un punto fundamental sobre estos presupuestos es que empiezan desde un escenario económico ficticio. La semana pasada, la OCDE rebajó su previsión de crecimiento económico para España al 4,5% en 2021 y el 5,5% en 2022.

En todo el planeta Tierra, solo el gobierno español piensa que la economía española crecerá un 7% en 2022, como explica aquí Beatriz Triguero de Voz Pópuli:

El Fondo Monetario Internacional (FMI), la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), el Banco de España, BBVA Research, la Fundación de las Cajas de Ahorro (Funcas)… Todos han recortado ya sus previsiones de crecimiento para el conjunto del año por debajo del 6%. El ‘tijeretazo’ del Consejo General de Economistas (CGE) ha sido el último: este martes avanzaba que la economía española crecerá en torno a un 5%, ocho décimas menos de lo que había previsto.

Tampoco coinciden las previsiones para 2022: mientras el Gobierno espera que el crecimiento ascienda al 7% el próximo año, la AIReF ha rebajado su anterior estimación hasta el 6,3% y BBVA Research la ha dejado en el 5,5%. El FMI, por su parte, confía en que el PIB de España se incremente un 6,4% en 2022, frente a la estimación del 4,7% que manejaba en primavera, por el retraso en la recuperación. Funcas también ha elevado sus estimaciones desde el 5,8% hasta el 6%, pero en cualquier caso se sitúan lejos de las del Ejecutivo.

Para los que quieran profundizar en la discusión, Beatriz González Valcárcel, otra economista de Nada es Gratis, aquí nos recuerda que los errores de previsión en los cuadros macroeconómicos son una constante en la historia española reciente: antes de la presidencia de Mariano Rajoy, por optimistas; y durante el mandato del gallego del PP, por pesimistas.

Bajada de pantalones ante Google

Como era de esperar, España ha cedido ante la presión estadounidense en el tema de la tasa Google, y aumenta las posibilidades de quitarse de encima los aranceles Biden. Washington estaba muy insistente con el tema y, probablemente, un gobierno de cualquier color habría acabado cediendo; pero bueno es recordar que todo esto de la tasa Google fue idea de Mariano Rajoy quien, contra viento y marea y el decidido rechazo de muchos, insistió en que había que buscar una forma de cobrar a Google por todo el contenido gratis que reutiliza.

Google ya ha avisado que Google News reabrirá en España en 2022 tras la publicación en el Boletín Oficial del Estado del Real Decreto aprobado por el Consejo de Ministros, que transpone la Directiva europea sobre derechos de autor y que deroga el canon AEDE que impuso Rajoy, como explica Invertia:

Según ha informado la compañía, Google Noticias se volverá a poner en marcha en España en 2022, aunque no ha concretado la fecha. En un comunicado, solo ha mencionado la expresión «próximamente».

El gigante digital anuncia que a través de Google Noticias «ofrecerá enlaces a noticias útiles y relevantes, procedentes de un amplio número de fuentes, que ayudarán al público español a encontrar más información sobre noticias de actualidad y a profundizar en las temáticas y, a los medios, tener una nueva ventana de acceso a sus lectores y nuevas audiencias, tener mayor tráfico en sus páginas y poder rentabilizarlo».

El texto aprobado por el Ejecutivo contempla en su artículo 15 una histórica reclamación de los editores: «el derecho» a negociar con los agregadores de noticias como Google News o Upday el precio que estos abonarán a los editores de publicaciones por utilizar sus noticias.

De este modo, se eliminaría el principal obstáculo que el gigante de Internet encontraba para poner en marcha esta herramienta en nuestro país. Un portavoz de Google insiste en que hay que esperar a que el BOE publique la letra pequeña antes de tomar algún tipo de decisión sobre este asunto.

Hay que llamar la atención sobre lo serviles y mendicantes que han sido los editores de prensa digital (no los de los medios tradicionales) sobre este tema. Han estado años reclamando desde distintas asociaciones como Clabe la derogación de la norma que obligaba a los editores a que los derechos de Propiedad Intelectual tuvieran que negociarse de forma colectiva y a recaudarse por entidades de gestión colectiva, como es Cedro.

¿Por qué? ¿Porque se oponen a la centralización o burocratización? No, tontorrones: porque la ley alemana en la que se inspiró originalmente Rajoy permitía a los editores salirse del sistema de reparto de derechos centralizado, con lo que los primeros que lo hicieron – desmontando todo el chiringuito – fueron recompensados por Google por su traición, con unas 30 miserables monedas de euro. Vivimos en un mundo en el que el empresariado se da de codazos, literalmente, para ser Judas ante el imperio.

Por eso la ley de Rajoy convertía el derecho a cobrar de Google en inalienable, como el derecho a la libertad: para que no haya subnormales que se vendan como esclavos por dos duros y luego vengan quejarse a los demás de que la esclavitud es muy mala y muy incómoda. Esto los de Invertia no lo pillan, y en un grueso error escriben: “de hecho, la nueva forma de remuneración a los editores de prensa ya se lleva a cabo en países como Alemania.” No, queridos: es la vieja forma de no remuneración, a ver si lo corregís.

Habrá quien esté todo excitado por el retorno de Google News en español a nuestras vidas. Para animar a estos palurdos provincianos, Google ha prometido un nuevo método de pago que llama Google News Showcase, a través del cual llegará a acuerdos con medios de información. Esto, en mi experiencia como periodista, dará presupuesto extra para un chupachús por redactor. Pero, con lo que pagan los medios digitales, entiendo que desde su punto de vista se puede hablar de golazo que le han metido a Google; la prensa tradicional seguirá su lento hundimiento.

Más horrores del Brexit

La gran petrolera y gasística Royal Dutch Shell planea deshacerse de su estructura de doble acción y mover su residencia fiscal de los Países Bajos al Reino Unido, donde ya se encuentra su domicilio social, con el objetivo de reforzar su competitividad. Por Dios, paren ya esto del Brexit. No puedo soportar más los horrores que está llevando a un país que ahora mismo tiene un 50% de renta por habitante más que España y un tercio del nivel de paro de España. Pobres británicos.

(David Román es excorresponsal en Madrid del Wall Street Journal, y autor del libro “Podemos en Venezuela: cómo se financió la infiltración chavista en España”, publicado este año por la editorial Homo Legens. Su columna Finanzas Políticas, sobre la interacción entre sus dos mayores pasiones, se publica de forma semanal, y también se puede recibir en forma de newsletter aquí.)