La Nueva Razón

Revista política y cultural panhispánica

Muchos villanos en la tragedia de los precios de la electricidad


La subida de los precios españoles de la electricidad hasta máximos históricos es una constante en las noticias desde que, en mayo, el gobierno decidió tocar el marco regulatorio actual con un anteproyecto de ley (que no se aprobará, si se aprueba, hasta el año que viene) que combinó con un horrendo sistema de tramos de precios en vigor desde el 1 de junio.

Los altos costes de la ley no son, para nada, responsabilidad exclusiva del gobierno, aunque su incompetencia al manejar una patata caliente y protegida por influyentes ex políticos, como el sector eléctrico, sea notoria y manifiesta.

El motivo número uno de los altos costes es la subida de los precios del gas natural que alimenta la mayor parte de la producción española (una decisión política consensuada por PP y PSOE durante décadas) junto con la subida de los precios de permisos de emisión de CO2 (una decisión política consensuada por la Unión Europea), que podría haber sido moderada si España tuviera un mejor marco tarifario y más producción nuclear barata, que no tiene porque los partidos de izquierda tienen un largo, cerril y primitivo odio a las centrales nucleares, contra las que han luchado hasta llegar al asesinato.

Hay muchos más villanos en esta historia. Algunas comercializadoras de electricidad, por ejemplo, que han optado por subir sus precios al máximo sabiendo que, con las noticias de récords históricos de la luz en los telediarios, muchos clientes no se darían cuenta de que les están pasando sobreprecios encima de sobreprecios para engordar aún más sus márgenes de beneficio. Las eléctricas que vacían los pantanos para subir márgenes un poquito más, aprovechando que los altos precios del gas natural empujan los precios generales del sistema, también merecen su huequito en el infierno de Dante.

En general, la actitud del sector eléctrico ha sido chulesca y propia de alguien que sabe que tiene la sartén por el mango, y que el enemigo enfrente – el gobierno español – posee mínimos conocimientos, resistencia y habilidad para resistir. Un sector especializado en engañar a los consumidores y manipular el mercado no tiene un futuro demasiado brillante, porque eventualmente llegarán consecuencias regulatorias.

No olvidemos, de todos modos, a la Comisión Europea, comprometida con una agencia ecologista radical que busca explícitamente subir los precios de la electricidad para obligarnos a los consumidores a consumir menos, porque es fundamental que la Unión Europea siga siendo la potencial mundial número uno del postureo progrecapitalista, mientras China y el resto del mundo emergente se ríen de los patanes de Bruselas. Cito un artículo reciente de El País:

Lejos de pedir la intervención pública para evitar la escalada de tarifas, Bruselas recuerda que uno de los componentes básicos del sistema europeo son los precios de la electricidad basados en la evolución del mercado. “Los precios minoristas deben, por consiguiente, estar libres de cualquier intervención de los gobiernos”, añaden las fuentes consultadas. A largo plazo, la normativa actual solo contempla la regulación de precios “en circunstancias excepcionales”. La advertencia comunitaria, que se dirige a a todos los gobiernos en general, se produce en un momento en el que el Ejecutivo español y, en particular, la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha criticado el sistema de fijación de precios por la UE.

Desde hace años, Bruselas se ha marcado como objetivo que las tarifas eléctricas no solo contribuyan a la introducción de las energías renovables (con recargos en muchos países para financiar su despliegue) sino también que ajusten el precio en función del perfil del consumo, con un sobrecoste para los usuarios de energía en los momentos de mayor intensidad de uso. De ahí, la introducción de los contadores duales. Bruselas considera que la tarifa plana existente ahora suponía un subsidio cruzado entre usuarios que penalizaba a quienes pueden trasladar su consumo a horas más baratas.

El objetivo de todas las medidas es establecer un umbral de dolor económico que ayude a reducir el consumo, a mejorar la eficiencia energética de viviendas y electrodomésticos o a buscar los suministradores más baratos. El problema es que el umbral del dolor es regresivo, es decir, inversamente proporcional al nivel de renta de los hogares.

El último informe de la Comisión sobre precios de la energía, de octubre de 2020, muestra que el porcentaje de gasto de los hogares en esa partida en relación con sus ingresos ha caído desde 2012. Pero el mismo informe señala que en el caso de España, los hogares más pobres destinaban en 2010 el 5% de sus ingresos a la factura energética y el 5,3% en 2017. Los hogares de renta media y alta, en cambio, mantenían el mismo porcentaje, en torno al 4% o 3%.

Imagínate tener un renta anual de un millón de euros y dedicar un 4% al coste de la luz. Meh, durillo. Ahora, imagínate vivir de un salario mínimo y fundirse más de un 5% en electricidad, y no tener para comprar en el supermercado. Queremos más ideas guays de Europa. Como la de destruir embalses. Vamos, a por ellos, Bruselas.

Indexar las pensiones al IPC, idea terrible

Hay obsesiones de una serie de partidos políticos que son tan repetitivas como perniciosas. Limitar los precios del alquiler es una de ellas, y no hay tonelaje de evidencia empírica en su contra que convenza a ciertas personas. Indexar las pensiones del índice de precios al consumo es otra:

El primer Consejo de Ministros tras el parón vacacional ha aprobado el proyecto de ley con las primeras medidas para reformar el sistema de pensiones. Con esta nueva normativa se anula el Índice de Revalorización de las Pensiones, por lo que el IPC volverá a tener peso en el cálculo de las pensiones. Así, la revalorización de las prestaciones se conocerá en diciembre y se aplicará en enero.

Isabel Rodríguez, ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, explicó en la rueda de prensa posterior al Consejo que la reforma está enmarcada en la recuperación actual, el Pacto de Toledo y el Plan de Resiliencia: «De esta recuperación no podían quedarse fuera los pensionistas».

«Estas medidas vienen a garantizar el poder adquisitivo de los pensionistas», que quedó en la incertidumbre tras la reforma de 2013, aseguró Rodríguez. Esta reforma, agregó, perdurará en el tiempo para dar seguridad. «A partir ahora ningún pensionista tendrá que preocuparse de sus pensiones: siempre se van a poder revalorizar y, en caso de que el IPC sea negativo se mantendrán con el año anterior», añadió.

Es decir: que la reforma tiene un mero interés político, y busca favorecer a una importante bolsa de votantes. Más claro no se puede decir

La reforma entrará en vigor en 2022, tras su tramitación este otoño, y podrá revisarse de nuevo en 2027. En cualquier caso, se espera que tenga un coste de aproximadamente el 2,5% del PIB a lo largo de los próximos 30 años.

Con la reforma también se ajustarán los coeficientes reductores para las prejubilaciones con diversas medidas encaminadas a que se extiendan las carreras laborales. De este modo, la edad real de jubilación (en torno a los 64 años) se acercaría a la legal (66 años). Al retrasar la edad efectiva se ahorran gastos en el sistema, pues sigue ingresando cotizaciones y no paga pensiones.

En estos casos, un elemento de política-ficción nunca está de más. Así que la secretaría de estado de la Seguridad Social nos asegura que la mitad del coste que tendrá indexar de nuevo el IPC en las pensiones se compensará precisamente con este retraso de la jubilación. Es importante ocultar el meollo, o uno de los meollos, de la cuestión: que la nueva ley de pensiones elimina el factor de sostenibilidad que instauró el Partido Popular en 2013, para adaptar los pagos de jubilación a la capacidad real las arcas del Estado y la evolución demográfica del país.

Como explica Moncloa.com, con exquisita discreción: “Para sustituir este elemento, el Ejecutivo junto con los agentes sociales implicados tendrán que negociar un nuevo mecanismo de equidad intergeneracional que operará a partir de 2027.” Lo que quiere decir es que ya se verá cómo se paga la subida de las pensiones, y en todo caso probablemente le tocará al PP arreglar el tema; o, como mínimo, a otro ministro.

Pero, ojo, no todo está mal: retrasar un año la jubilación supondrá recibir un 4% adicional en la pensión. Y adelantar la jubilación tendrá una penalización mensual, que podría llegar a suponer recortes de hasta el 21% en la pensión – lo que no compensará todo el gasto extra, pero algo hace.

Cinco Días tiene un gráfico muy chulo pero medio incomprensible explicando los efectos positivos de retrasar la jubilación; por lo menos, es algo que merece la pena incentivar porque el mundo está lleno de gente de 65 años que tiene mejores cosas que hacer que ver la tele y viajar por España con subvenciones:

La pútrida economía de Afganistán

EEUU se gastó dos billones (con B) de dólares en Afganistán en 20 años. Eso son 300 millones de dólares por día, o $50.000 por afgano cada día, según los cálculos de la revista Forbes. De ellos, $85.000 millones fueron a la formación del ejército afgano (el presupuesto anual de defensa en España está en torno a los EUR10.000 millones).

Y, ojo, que otros han puesto pasta significativa en Afganistán: el Reino Unido (que tuvo 450 muertos en combate, casi la mitad de los que registró en los 30 años de conflicto armado en Irlanda del Norte, y acabó obligado a rescatar tropas abandonadas a su suerte en el desierto por los EEUU), $30.000 millones, y Alemania, $17.000 millones.

Este gráfico de Richard Hanania compara el crecimiento económico resultante en Afganistán, un país extremadamente pobre en 2001 y por ello con un margen espectacular de mejora, con el de países con niveles de renta (entonces) similares y poblaciones con parecidas lacras de analfabetismo y ausencia de salida al mar (salvo Camboya):

Afganistán ha tenido, con mucha ventaja, el peor rendimiento económico incluso comparado con países poco pintureros, a los que nadie les ha dado un soplo en un ojo, como Tayikistán y Kirguizistán. ¿Saben quién si ha salido ganando mucho todo este tiempo? Los gigantes del sector estadounidense de defensa, como Lockheed Martin, Boeing, Raytheon, Bae Systems y Northrop Grumman, que perdieron conjuntamente un valor de más de $8.000 millones en bolsa el lunes después de que cayera el gobierno pro-occidental en Kabul.

(David Román es excorresponsal en Madrid del Wall Street Journal, y autor del libro “Podemos en Venezuela: cómo se financió la infiltración chavista en España”, publicado este año por la editorial Homo Legens. Su columna Finanzas Políticas, sobre la interacción entre sus dos mayores pasiones, se publica de forma semanal, y también se puede recibir en forma de newsletter aquí.)