La Nueva Razón

Revista política y cultural panhispánica

Casa de Sefarad, Córdoba (ell brown CC BY-SA 2.0)

Sefarad: una deuda y un derecho

No es justo que, tras un posible juego político o de otra índole perversa, se afecte a tanta gente inocente e ilusionada con un derecho sagrado.

España por su acervo histórico e inmenso legado cultural, como país de primer mundo ocupa relevante posición de liderazgo a nivel mundial, particularmente en la UE como miembro importante. Cuenta con una Monarquía Parlamentaria en donde impera el Estado de Derecho y el Equilibrio de los Poderes, como parte de una sociedad democrática avanzada.

La Ley 12/2015, de 24 de Junio, en Materia de Concesión de la Nacionalidad Española a los Sefardíes Originarios de España, fue aprobada en el 2015 por el Congreso de los Diputados con el apoyo excepcional y mayoritario de todos los grupos parlamentarios, bajo el impulso del Presidente de Gobierno, en aras de la reivindicación histórica por la injusta expulsión de los sefardíes a partir de 1492, después de más de un siglo de acciones que intentaban reparar dicho error entre las cuales estuvo el Real Decreto de 20 de diciembre del 1924.

Tras sancionar la Ley Sefardí como Jefe de Estado, el Rey Felipe VI, mediante sonoras y sentidas palabras, hizo un llamado al reencuentro, la convivencia y la concordia, como también a la gratitud y la lealtad, así como al triunfo del amor sobre el resentimiento.

Dichos antecedentes, por encima de individualidades y de funcionarios temporales, han sido demostraciones inequívocas de la voluntad de enmienda en virtud de la grandeza, magnanimidad y generosidad del Reino de España, con proyección universal y con visión de futuro perdurable por muchos siglos más, como Política de Estado del más alto nivel. 

La referida Ley, muy rigurosa por demás, abría la puerta del retorno esperado por cientos de miles de calificados y esperanzados descendientes sefardíes, de los cuales sólo menos de sesenta mil solicitantes han logrado probar ante notaría el cumplimiento de los requisitos de la Ley, tras exigentes trámites que consumieron ingentes cantidad de esfuerzo, tiempo y dinero para su completación, hasta la definitiva emisión del Acta de Notoriedad mediante la cual la indiscutible autoridad de cada notario confirmó el cumplimiento de las condiciones y dio fe documental del comprobado origen sefardí de cada solicitante.

Con esta perspectiva histórica y social, justo después de que se habían aprobado favorablemente aunque con retraso más de la mitad de las solicitudes de nacionalidad por esta vía, con ínfimas denegaciones como era de prever, el proceso de aplicación de la referida Ley por parte del Ministerio de Justicia inesperadamente sufrió un cambio radical, de forma súbita y extemporánea cuatro años después de haber entrado en vigor y de haberse vencido tanto el período inicial como su prórroga.

Con este atropello en la aplicación de la ley para reivindicar a los sefardíes, se estaría consumando un exabrupto similar al original, porque en vez de contribuir a cerrar definitivamente las heridas del pasado no se logra sino reavivarlas con mayor intensidad.

Se da inicio a una razzia que recién se anuncia a partir de una sucesión de exigencias, requisitos sobrevenidos y justificaciones sin base por encima de la Ley, que está resultando en miles de denegaciones y hasta el insólito inicio de revisión de concesiones dadas, con el agravante de que calificados juristas y abogados mediante detallados y sustentados dictámenes no dudan en denunciar por ilegítimos e inconstitucionales. Con este atropello en la aplicación de la ley para reivindicar a los sefardíes, se estaría consumando un exabrupto similar al original, porque en vez de contribuir a cerrar definitivamente las heridas del pasado no se logra sino reavivarlas con mayor intensidad.

La mayoría de los sefardíes afectados aun siendo extranjeros pero conocedores del derecho adquirido y la razón que les asiste, que se consideran estafados y víctimas de una franca conducta fraudulenta, están dispuestos a dar la pelea hasta el final, demandando al gobierno y sus funcionarios hasta por daño patrimonial y moral, lo que inevitablemente hará exigible compensaciones millonarias, a menos que surja una enmienda temprana o un cambio oportuno por parte de las autoridades vigentes.

Por supuesto que el impacto no es sólo para los miles de solicitantes afectados, sino que un desprestigio descomunal recaerá negativamente en la imagen y reputación de España como nación y de su Jefe de Estado como su máximo y permanente representante, porque un escándalo como éste sin precedentes en su sistema legal e institucional tendrá resonancia internacional y repercusiones a nivel de los tribunales de la Unión Europea en Bruselas, con todas sus consecuencias. 

Lo que está en juego es muy serio, de alto vuelo y de largo alcance, porque tiene que ver con la inquebrantable voluntad de una nación que reivindica una injusticia histórica de más de cinco siglos hacia un pueblo milenario con aporte decisivo a la cultura, idiosincrasia y razón de ser de la España actual, que un grupo de poder actual trata de sabotear y entorpecer mediante leguleyismo puro y burdos tecnicismos, pobremente elaborados y de endeble validez.

No debe caber en la España moderna del presente ninguna actitud que promueva ilegalidad, autoritarismo, politiquería, atraso, exclusión, separatismo, discriminación o antisemitismo.

No es justo que, tras un posible juego político o de otra índole perversa, se afecte a tanta gente inocente e ilusionada con un derecho sagrado con el que no se debe jugar. Perjudicando además a España como país con una demografía declinante, receptor necesitado del influjo de una migración de capital humano de calidad. 

Es difícil conocer las verdaderas motivaciones, pero no debe caber en la España moderna del presente, al alba de un futuro muy promisorio, ninguna actitud que promueva ilegalidad, autoritarismo, politiquería, atraso, exclusión, separatismo, discriminación o antisemitismo.

Situación complicada e indeseable que sin embargo es de relativa fácil y pronta resolución, ya que podría solventarse rápidamente mediante una revisión objetiva y un propósito de enmienda en el que se reconsidere la posición actual y se devuelva la aplicación de las condiciones originales de la Ley con el mismo buen juicio y sin alteraciones como se venía haciendo desde un principio.

En este sentido, resulta muy estimulante la buena noticia del reciente nombramiento de la flamante y bien recibida nueva Ministra Doña Pilar Llop, en quien desde ya se cifran las esperanzas de renovación y devolución del sentido común y quien puede lograr la tarea de que el Ministerio de Justicia ahora sí haga honor a su nombre

En todo caso y mientras tanto, como no se puede dejar que un gobierno pasajero y temporal como lo son todos, de mayoría parlamentaria menguante y con poderes constitucionales limitados, pueda provocar este enorme e irreparable perjuicio, actuando unilateralmente en forma impune, se hace necesario poner a prueba el estado de derecho y la fortaleza de la democracia, para lo cual se solicita la acción inmediata y concertada de los integrantes de la sociedad y particularmente de los poderes e instituciones del Estado, a objeto de recuperar el equilibrio y la gobernabilidad.

A los solicitantes de origen sefardí como representación de los ciudadanos que no debemos perder la esperanza ni darnos por vencidos, así sea mediante una avalancha de recursos de alzada, de reposición y contencioso administrativo.

A los medios de comunicación como instrumentos de la libre expresión para que apoyen y den divulgación a esta justa causa, exponiendo y denunciando lo que ahora y a la luz pública no se está haciendo bien.

A los rabinos y líderes internacionales de la comunidad sefardí, para que den su decidido apoyo no sólo a los individuos solicitantes sino entre ellos mismos como federaciones hermanas y autoridades del mundo judío que son, incluyendo el aval de la respetable Federación de Comunidades Judías de España (FCJE), manteniendo recíprocamente el reconocimiento que cada una se merece como autoridad rabínica autónoma e independiente con igualdad de atribuciones.

A los ilustres letrados o abogados, que además de haber preparado dictámenes impecables en contra, ayuden a los solicitantes afectados a defender su derecho sin aceptar a pies juntillas la arbitraria subsanación de expedientes.

A los Notarios en quienes la ley delega competencia absoluta y total para dictaminar mediante Acta de Notoriedad el criterio de descendencia sefardí, para que protejan su integridad y respetabilidad que está siendo desconocida por funcionarios abusadores. 

A los Magistrados, Jueces y Tribunales que, ante demandas y recursos constitucionales ya introducidos, actúen con celeridad y buen discernimiento ofreciendo la correspondiente tutela y amparo que asegure cumplimiento preventivo de derechos fundamentales.

Al Defensor del Pueblo, para que ejerza su función de apoyo en favor de ciudadanos nacionales y extranjeros reclamando el riguroso cumplimiento de las leyes españolas.

A las Cortes Generales que representan al pueblo español y están conformadas por el Congreso de los Diputados y el Senado, sean sus representantes oficialistas o de oposición, para que hagan saber que su leyes se aprueban para su irrestricto cumplimiento.

Al Presidente del Gobierno para que ejerza su liderazgo, se empine por encima de la política y asuma posición de estadista en aras de preservar y garantizar la efectiva aplicación de las Políticas de Estado. 

Y por encima de todos exhortamos al Rey como Jefe de Estado, símbolo de su unidad y permanencia, en su rol constitucional como árbitro y moderador del funcionamiento regular de las instituciones, para que fije posición ante estas circunstancias inéditas e irrepetibles de especialísimo significado histórico e institucional para España, y que la correcta e impecable ejecución de la Ley Sefardí se convierta en genuina expresión de la voluntad de una nación española en pro de la reconciliación para el máximo beneficio y bienestar de todos.