La Nueva Razón

Revista política y cultural panhispánica

Uso de la violencia legítima en España


Es muy posible que hayan visto por redes sociales el vídeo de la detención de la Dra. de Mingo. En él se puede observar cómo un policía municipal tiene que huir, perseguido por esa persona ya condenada por asesinato, hasta que finalmente la logran reducir.

Recapitulando, Noelia de Mingo es una persona que en 2003 asesinó a 3 personas en la Fundación Jiménez Díaz e hirió a otras 7 personas más con un cuchillo en medio de un brote psicótico. Queda para mejor ocasión preguntarse por qué el tratamiento penitenciario a de Mingo ha sido más suave y comprensivo que el que recibió en su momento Andrés Rabadán. Les remito a ambos casos para que los comparen y juzguen.

El caso en sí es carne de prensa, pero también ilustrativo de un problema mayor. Imagino que no soy el único al que le resultaron terribles los primeros segundos del policía corriendo con la enajenada detrás, cuchillo en mano. No es algo novedoso y sí tristemente recurrente.

1. Las FFCCSE en general carecen de medios de defensa personal suficientes. Hablamos de chalecos de protección personal que deberían parar un cuchillo o un disparo de pistola.

2. Las FFCCSE sufren carencias de medios no letales de reacción contra delincuentes violentos. Hablamos tanto de táseres como de mazas químicas. Ambos recursos no tienen efectos permanentes y son muy eficaces a la hora de incapacitar temporalmente a un delincuente que esté amenazando vidas ajenas.

3. Las FFCCSE, salvo excepciones muy contadas, no pueden emplear los medios letales. La barrera para emplear medios letales es tan elevada que vuelve a las pistolas y otros medios pesos inútiles, porque por motivos inexplicados deben ser empleados de manera físicamente proporcional a la amenaza y cuando se han agotado los demás medios.

Detengámonos en el tercer punto. El problema nace con el concepto de «medio proporcional a la amenaza». Es así, porque lo que se evalúa es el medio que emplea el delincuente (un cuchillo, p.e.) y no la intención (matar). Si se evaluara la intención (lo suyo si lo que se desea es proteger a los miembros de la sociedad que no disponen de servicio de guardaespaldas), parece evidente que parar una acción homicida es compatible con el uso letal de la fuerza. «Agotar las demás opciones» es también un desideratum que no se cumple cuando la situación se resuelve en décimas de segundo. En esos casos, la reacción debe priorizar la protección de las vidas, incluyendo obviamente la de los policías.

Queda para mejor ocasión explicar que, con entrenamiento adecuado, las armas de fuego no tienen por qué generar un resultado probablemente letal. Centrémonos en el límite de situaciones a partir de las cuales hoy se pueden emplear. ¿Qué ocurriría si ese límite baja y se autoriza a las FFCCSE a emplear sus armas reglamentarias en un momento en la que sus vidas 0 las de otros ciudadanos corren peligro?

Para empezar, asistiríamos a un incremento moderado de los suicide by cop. Cómo estará la cuestión, que ahora mismo no tienen ni entrada en la wikipedia española. El principal problema de los suicide by cop es el tratamiento del potencial síndrome de estrés postraumático en los agentes involucrados, lo que ahora mismo ya se cubre. Por lo demás, nada invita a pensar que asistiríamos a una explosión de casos a tenor de lo que ocurre en otras latitudes.

Para continuar, algunos de los casos en los que el delincuente no desiste de su actitud ante la amenaza de usar un arma de fuego contra él acabarían con la muerte del delincuente. No es algo deseable, pero si ponemos en la balanza la muerte del que pretende acabar con otras vidas y la segura protección de esas otras vidas, no debería caber mucho debate al respecto.

Para finalizar, es evidente que si el delincuente sabe que sacar a pasear un cuchillo pone de inmediato en peligro su vida, la disuasión va a funcionar en no pocos casos. Si un delincuente racional tiene claro eso, va a valorar pros y contras y perder la vida es un perjuicio nada fácil de contrapesar. En unos momentos en los que las agresiones con arma blanca están creciendo en las grandes ciudades, parece importante frenarlas con disuasión creíble.

No siendo especialista en la materia, se me ocurren al menos dos frenos para cambiar la normativa y doctrina del uso de sistemas letales para la seguridad ciudadana.

En primer lugar, la propia normativa y la casuística más probable del fallo judicial. Cuando el policía queda bajo sospecha y cuando sabe que es perfectamente posible que no sólo pierda su medio de vida, sino que ingrese en prisión en cuanto el juez considere que el uso de la fuerza letal no fue proporcionado, tiene que poner en la balanza la protección de la ciudadanía y la de su propio futuro. Para nuestra desgracia, la decisión racional es la que es. Y esto va más allá de la normativa legal: demasiados jueces parten de consideraciones erróneas respecto a las prioridades de los bienes a proteger. Lo hacen, entre otras cosas, porque sus barrios y contextos urbanos diarios están completamente y de todo punto alejados de la posibilidad de vivir una situación de amenaza violenta a sus vidas. Eso ocurre en barrios trabajadores, amigos, donde habitamos la sal de la tierra.

En segundo lugar, y con importancia secundaria pero no despreciable, están ciertas posiciones de izquierda. Para cierta izquierda radical, la policía es enemiga por defecto. Ya saben lo que dicen personas como Errejón: all cops are bastards

Esas personas quieren limitar lo máximo posible las capacidades «represoras» de las FFCCSE, que es como califican a la protección de la seguridad ciudadana. El uso de la violencia legítima es para ellos erróneo, porque lo erróneo es proteger a la sociedad. Al mismo tiempo, repetidamente justifican y jalean el uso de la violencia por parte de «los suyos». Sucede que el manual ya está escrito: cuanto más atadas estén las FFCCSE, más sencillo será lograr que en las circunstancias apropiadas se produzca un cambio de orden. Ocurre lo mismo con la población penitenciaria: históricamente, cada vez que han podido han empleado a lo más granado de los delincuentes violentos como su fuerza de choque.

El problema se agrava con el tiempo. Sin llegar a los niveles de violencia de los años duros del jaco – la heroína – y del plomo y la GOMA-2 etarras, estamos viviendo situaciones de violencia extremadamente improbables hace 10 años. Bandas que asaltan con machetes. Incremento en los últimos meses de los atracos violentos. Y, en ausencia de disuasión creíble, la tendencia va a seguir igual en el mejor de los casos.

Siendo ya un problema para capas importantes de la sociedad, lo suyo sería una fiesta de la democracia. El problema normativo se puede resolver preguntando a la población en referéndum si desean que las FFCCSE tengan más, menos o igual capacidad de emplear la violencia legítima para frenar acciones que pongan en peligro la vida de los ciudadanos.

Pero no caerá esa breva, porque la respuesta la conocen de sobra. Probablemente sería abrumadora.

La pregunta que queda por hacer es a quién beneficia tener atadas a las FFCCSE de pies y manos.

(Imagen: Oscar in the middle CC BY-NC-ND 2.0)